La Confederación Venezolana de Industriales – Conindustria-, quiere hacer del conocimiento a la opinión pública nacional, su posición sobre la Ordenanza Tributaria, recientemente aprobada por la Alcaldía de Maracaibo y el Concejo Municipal, titulada Ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Al respecto, manifestamos lo siguiente:
En consecuencia, manifestamos nuestro respaldo con la posición del líder empresarial Franco Cafoncelli, y condenamos el que éste haya sido objeto de amenazas de privativa de libertad por parte del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y del secretario de la Gobernación del estado Zulia, Lisandro Cabello, por expresar el desacuerdo del gremio que representa con relación a la manera en la que fue aprobada la citada disposición municipal, y el impacto negativo de la aplicación de estas medidas fiscales para el sector industrial de la zona.
Venezuela necesita de políticas públicas que rescaten la productividad de las empresas venezolanas y, medidas como éstas, en las cuales se evidencia que fueron promulgadas sin coherencia alguna y sin medir las consecuencias nefastas de su aplicación, no se corresponden con la realidad de lo que se requiere de manera urgente para rescatar a nuestras industrias del estado de anomia en el cual están sumergidas la mayoría de ellas.
Es por ello, que desde Conindustria ponemos una vez más a disposición de la colectividad venezolana y de las autoridades del país, nuestra propuesta La Ruta; documento contentivo de políticas públicas para la recuperación y desarrollo de la industria nacional, la cual se inscribe dentro del Plan País, recientemente presentado por el Ing. Juan Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela.
Las instituciones venezolanas en todo momento deben ser garantes de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna con relación a las libertades ciudadanas; por consiguiente, no puede constituir delito alguno el ejercicio de esos derechos.